El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales para ampliar las competencias del Estado y garantizar «que haya siempre un garante último» de estos espacios naturales, cuyo número, quince, «se busca ampliar en un futuro».
Así lo informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Castilla y León cuenta con dos parques nacionales, Picos de Europa, en León, cuya gestión comparte con Asturias y Cantabria, y el de la Sierra de Guadarrama, en Segovia, compartido con Madrid.
La futura norma crea dos órganos dedicados específicamente a la coordinación, entre ellos la Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques Nacionales situados en varias comunidades autónomas.
Asimismo, aspira además a crear la marca Parques Nacionales de España y a instaurar órganos de coordinación para vigilar las actividades que se desarrollen dentro de los mismos, manteniendo la prohibición de actividades como la caza y la pesca, la edificación y la tala con fines comerciales.
Pero los Parques Nacionales, según Medio Ambiente, deben ser capaces de ofrecer ciertas formas de aprovechamiento y deben también abrir más su gestión a la sociedad, y para ello se prevén acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia.
En cuanto a las competencias del Estado, la norma contempla la intervención del mismo dentro de los parques para casos de catástrofe o situaciones extremas que pueden poner en peligro su valor ecológico, como puede ser un incendio forestal. Se trata, según Medio Ambiente, de una «importante novedad que subsana un vacío legal».
En este sentido, el nuevo texto normativo atribuye al Organismo Autónomo Parques Nacionales -dependiente del MAGRAMA- la potestad de declarar una emergencia, bien por propia iniciativa o de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo ha asegurado que estas figuras de protección serán «compatibles» con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 4 de noviembre de 2004, que declaró que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales recaía sobre las comunidades autónomas.
