Los expertos del Comité Científico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) confundieron los concursos de belleza con los de canto en el dictamen sobre la viabilidad de cría en cautividad de fringílidos como alternativa a las capturas, que ha sido el principal argumento de la Comisión Europea contra la modalidad.
De hecho, el dictamen del Comité Científico del MAPAMA confirmaba que, durante 2016, existían más de treinta concursos de canto de aves en España donde solo pueden participar ejemplares nacidos en cautividad, lo que –según los técnicos del Ministerio- confirmaba que dichos animales pueden emplearse y de hecho se emplean para las competiciones de canto.
Por el contrario, la realidad, tal y como se detalla en el informe presentado por la Plataforma en Defensa del Silvestrismo al dictamen del Comité Científico, es que los expertos del Ministerio confundieron los concursos de belleza organizados por la Federación Ornitológica Cultural Deportiva de España (FOCDE), con los de canto organizados por las Federaciones de Caza y la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE).
Para mayor gravedad, una vez generada la confusión el Comité Científico cifra en 36 el número de concursos de este tipo celebrados en 2016 por FOCDE, sin embargo una consulta a su página web permitió confirmar que no se había celebrado ninguno.
"De ser un indicador el número de concursos, lo que a nivel científico tampoco es cierto, sólo cabría otra conclusión: si el número de concursos fue cero, eso es prueba de que la cría en cautividad es inabordable" afirma Juan Theureau, prestigioso ingeniero de Montes encargado de elaborar el informe al dictamen del Comité Científico que fue presentado por la Plataforma en Defensa del Silvestrismo.
Una vez más, se demuestra que los técnicos del Ministerio han trabajado sin rigor y de manera tendenciosa, basándose en la pseudociencia, para generar información perjudicial para la modalidad que ha dado lugar al dictamen que en estos días se ha remitido desde la Comisión Europea al Reino de España, el cual, en caso de que el Gobierno español no se oponga, supondrá la desaparición de la modalidad tal como hoy se practica
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